En los últimos días, en medio del escándalo de la criptomoneda que lo tiene en el foco a Javier Milei, el vocero Manuel Adorni dio a conocer que el presidente firmó los decretos que convierte el Banco Nación y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio en sociedades anónimas. Pero qué significa este cambio que parece llevarse la atención de millones de argentinos.

Según el documento que dio a conocer el gobierno para la transformación del banco en sociedad anónima y ahora el yacimiento, sostiene que permitirá ‘mejorar la capacidad del banco para competir en el sector financiero, optimizar la asignación de recursos y fortalecer su posición en el mercado, garantizando la continuidad de su operatividad’.

Sin embargo, al cambiar a sociedad anónima, ahora estas entidades se rigen por distinta normativa a las que lo hacían como empresa del Estado. Es decir, ahora deberán hacerlo a través de la ley 19.550 que es la Ley de Sociedades Comerciales, cambiando la modalidad en la que deben regirse.

Esto implica también barajar la posibilidad de que haya inversores privados que inviertan en acciones del banco o del yacimiento, lo que puede hacer crecer el capital de estas empresas. Además, obligará a las empresas a ser más eficiente, porque al tener inversores privados van a exigir que las empresas arrojen utilidades, es decir saldo positivo. Esto implica revertir la cara que sucedía en ocasiones en las que el Estado debía fondear porque daban pérdidas o el saldo era negativo.

Las acciones son del Estado y se espera que las siga teniendo, dado que en caso contrario se transformaría en un en un banco ordinario como el resto de las entidades que no pertenecen al ámbito público.

Lo que sucede con en el caso del Nación, a través del banco, en alguna medida se controla el mercado financiero en cuanto a los créditos, las tasas, entre otros elementos. Es decir, si el Banco Nación sale con una tasa barata, obliga al resto de los bancos a ponerse a tono.

En síntesis, que estas empresas pasen a ser sociedades anónimas podrán aumentar su patrimonio a través de la capitalización de aportes de privados, siempre conservando las acciones el Estado Nacional.