El Gobierno trabaja a contrarreloj junto a los legisladores de la oposición ‘dialoguista’ para llegar al lunes 29 y martes 30 de abril a debatir en el recinto de la Cámara de Diputados los proyectos de la Ley ‘Ómnibus’ y del ‘Acuerdo Fiscal’. Para que esto suceda, deberá dejar todo listo para que se trate en el plenario de comisiones que comienza mañana miércoles.

Javier Milei busca que las dos iniciativas obtengan media sanción antes del 1 de mayo para darle tiempo al Senado para que logre aprobarla antes del 25 de ese mes, conmemoración de la Revolución de Mayo y día elegido por el mandatario para la convocatoria del llamado ‘Pacto de Mayo’, un acuerdo sobre 10 puntos esenciales para ‘refundar el país’.

En el oficialismo mantienen el optimismo a partir de las correcciones que se le hicieron al último borrador, la novena versión, en base a sugerencias de los negociadores de los bloques más ‘amigables’.

Con la Marcha Universitaria de este martes como foco, también se tiene en cuenta el pedido de sesión especial que hizo el bloque de Unión por la Patria. La solicitud es para tratar el miércoles una serie de proyectos de distintos partidos sobre el financiamiento a universidades públicas, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que cortó el Ejecutivo, entre otros temas.

Cambios y planteos en la Ley "Bases"

Con las negociaciones abiertas, todavía no puede afirmarse que haya un texto definitivo hasta que finalmente se conozca el dictamen. En ese sentido, una de las modificaciones más importantes en la Ley ‘Bases’ es el de la reforma laboral.

El Ejecutivo accedió al pedido de la oposición ‘más cercana’ de llevar los períodos de prueba de trabajadores de tres a seis meses (y no ocho como estaba en la propuesta original). Aunque se habilita a ampliar a ocho meses de período de prueba en empresas Pymes de entre 6 y 100 trabajadores, y a un año se si tratara de mini Pymes de hasta cinco trabajadores.

Además, en este último borrador del proyecto "Ómnibus" también se sumó el planteo sobre el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a disolver reparticiones del Estado, si así los dispusiese. En consecuencia, se amplió la lista de organismos que están a salvo de cualquier intento de erradicación.

Más allá del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que ya estaba en el dictamen anterior, aparecen en la lista la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”; la ANMAT; el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el ENACOM; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras.

Otra suerte corren el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que actualmente el Gobierno los dejó fuera del listado.

La principal discusión que aún sigue abierta es la reversión del Impuesto a las Ganancias, que se debatirá en el marco del "Acuerdo Fiscal".