El conflicto entre la Nación y los municipios de todo el país por la conformación de la factura de energía eléctrica podría dejar las calles a oscuras, advierten intendentes sanjuaninos. La Nación prohibió el cobro de cargos extra (tasas) en la boleta y está dispuesta a multar a las comunas que no respeten esa disposición, pero los jefes departamentales sostienen que es casi imposible hacerlo de otra manera. El problema es que los vecinos tendrían que abonar el alumbrado público directamente al municipio, en cuyo caso sobran elementos para suponer que el servicio podría verse desfinanciado.

Canal 13 habló con cinco intendentes y todos, sin distinción de color político, se basaron en la mala conducta tributaria de los ciudadanos. Entienden que si el pago se deja de hacer a través de la boleta de la luz, como quiere el presidente Javier Milei, existe el peligro concreto de que la mayoría de los beneficiarios no cumpla en tiempo y forma, como pasa con las otras tasas municipales que se pagan sin intermediarios (barrido y limpieza, comercio, etc.), que no se recauden fondos suficientes para sostener el alumbrado público y que las calles queden a oscuras. 

El conflicto nació en septiembre, cuando la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación sacó una resolución imponiendo que en la boleta de electricidad no se pueden cobrar tasas municipales ni ningún otro concepto que no tenga que ver con la naturaleza del consumo energético. Lo hizo para frenar la costumbre de municipios bonaerenses de crear cargos adicionales que nada tienen que ver con el consumo energético y agregarlos como si nada a la factura de la luz para asegurarse su percepción.

En la gestión de Milei sostienen que hay un abuso de las comunas bonaerenses que apelan a esa práctica. Por esa razón, sacó la polémica resolución que hace pagar a justos por pecadores a lo largo de todo el país.

En San Juan, la boleta de la luz tiene como adicional el Cargo Único Municipal. Las distribuidoras de electricidad mandan lo recaudado por ese concepto a los municipios, quienes de ahí pagan la energía que consume el alumbrado público y el mantenimiento del mismo.

Es lo único que los municipios perciben por esta vía, ya que las otras tasas (inmuebles, barrido y limpieza, por ejemplo) las cobran en la boleta de servicios que le mandan al contribuyente.

Teniendo en cuenta que casi el 100% de los usuarios paga la factura eléctrica, las comunas de todo el país incluyen el Cargo Único Municipal y se garantizan recaudar el dinero necesario para sostener el alumbrado público. De otra manera, aseguran los intendentes, sería inviable. ¿Por qué? Sencillamente, porque el grueso de los vecinos no abona las tasas en forma directa. Por poner algunos ejemplos: en Capital cumple nada más que un 20%, en Chimbas también el 20%, en Rivadavia el 40%, en San Martín tan solo el 15% y en Jáchal cumple menos del 18%.

La Nación abrió sumarios esta semana contra más de 90 distribuidoras de electricidad y gas de todo el país por incluir cargos adicionales en la factura, entre ellas las que operan en San Juan, Ecogas, Naturgy y Decsa (que presta el servicio en Caucete). Las intima a respetar la prohibición dictada hace dos meses y les inició un proceso que podría derivar en el cobro de millonarias multas.

“Tendríamos muy pocas chances de mantener el alumbrado público, la mayoría de los vecinos no paga y no podríamos cubrir el costo del alumbrado público”, aseguró la intendente de San Martín, Analía Becerra. Más contundente fue el peronista y chimbero Daniel Rodríguez: “sería imposible”. 

En otros departamentos, más allá de la identificación partidaria, están en sintonía. Los oficialistas Susana Laciar (Capital), Sergio Miodosky (Rivadavia) y el opositor Matías Espejo (Jáchal) dijeron que “sería muy difícil” mantener las calles iluminadas.

Mientras las compañías distribuidoras preparan sus descargos, en Casa de Gobierno hay suma preocupación. Piensan en una estrategia legal para presentar resistencia al mandato de la administración mileista, aduciendo, entre otras cosas, que el alumbrado público tiene la misma naturaleza que el servicio eléctrico domiciliario y que las distribuidoras están regidas por leyes locales por el principio de autonomía.

Una de las opciones que se barajan en San Juan es, además de contestar la imputación del organismo nacional, que las distribuidoras y los municipios judicialicen la discusión. Hay más de diez intendentes de partidos de Buenos Aires que consiguieron frenar los efectos de la polémica resolución libertaria mediante una medida cautelar.