Este martes, en Banda Ancha, Daniel Molina, de la Defensoría de los Derechos del Niño, abordó la necesidad urgente de que Argentina establezca un régimen penal especial de penalidad en los menores de edad. 

Molina explicó que el debate sobre la inimputabilidad de los menores es recurrente y cíclico, especialmente cuando se presentan situaciones puntuales que generan preocupación social. "Es un debate cíclico que siempre se pone en el tapete cada vez que aparecen las situaciones puntuales," afirmó Molina. Además, recordó que en 2018, el Comité de los Derechos del Niño observó que Argentina necesita abandonar el actual decreto-ley de responsabilidad penal juvenil y abrir un nuevo proceso legislativo para los adolescentes.

Uno de los temas más candentes que Molina abordó fue la relación entre pobreza y delincuencia juvenil. "No discutimos en serio lo que tiene que ver con el sistema de protección integral para los adolescentes," criticó. Según Molina, muchos adolescentes que no regresaron a la escuela después de la pandemia se encuentran sin estudios, sin trabajo y fuera de cualquier dispositivo de protección, lo que los hace más vulnerables al reclutamiento por parte de adultos para cometer delitos.

"Un pibe con esas características es más fácil, es mano barata y magnitud para el delito," señaló Molina, enfatizando que no intenta criminalizar a los jóvenes, sino destacar la falta de políticas públicas efectivas que los contengan y orienten.

Molina subrayó la necesidad de una legislación penal juvenil que no sea agresiva, sino especializada y que tenga en cuenta que los adolescentes están en un proceso de construcción permanente. "La Corte Interamericana dice que Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil que debe tener en cuenta que los adolescentes son sujetos en un proceso de construcción permanente y que deben tomarse medidas socioeducativas que garanticen la reorientación y la inserción en la sociedad," explicó.

Molina también advirtió sobre las graves consecuencias de no abordar adecuadamente las necesidades políticas y sociales de los niños y adolescentes. "Si no ponemos la mirada en lo que tiene que ver con la política social para niños y adolescentes, nos vamos a encontrar con serias dificultades en lo que significa el mundo del delito," alertó. 

Molina hizo un llamado a mirar más allá de los debates jurídicos sobre la edad de inimputabilidad y enfocarse en desarrollar una agenda seria de políticas públicas que verdaderamente protejan y apoyen a los adolescentes, previniendo así su caída en la delincuencia.