Las actuales autoridades de Educación no lo pueden creer. Revisando armarios y cajones, descubrieron más de 50 viejos sumarios administrativos que llevan años parados y que nunca tuvieron resolución. Entre los hechos que se debían investigar hay uno de carácter sexual, aseguraron fuentes calificadas para graficar la gravedad de la cuestión. Los expedientes se iniciaron de las administraciones giojista y uñaquista y nunca tuvieron resolución, por lo que los empleados denunciados siguen trabajando y cobrando del Estado si que se haya determinado si son responsables o no.

Los sumarios administrativos son el procedimiento disciplinario que usa el Estado contra todos aquellos agentes que no cumplen con su trabajo o que comenten alguna inconducta, y si el investigado es encontrado culpable, puede sufrir castigos que van desde un apercibimiento hasta la exoneración. Al mismo tiempo, es una garantía para los trabajadores estatales, porque la ley consigna que no pueden ser removidos sin un sumario previo.

De acuerdo a lo que revelaron en la Asesoría Letrada de Educación, los expedientes que aparecieron son más de 50 y llevan años congelados, es decir no tuvieron avances o quedaron paralizados en distintas etapas del proceso. Se iniciaron entre los años 2006 y 2022, afirmaron, es decir en las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. 

Las fuentes prefirieron no dar nombres de involucrados. No obstante, contaron que hay un trabajador que fue denunciado por un hecho de connotación sexual, expedientes por malos tratos con subordinados o compañeros, por peleas, por acoso laboral y otros por incumplimientos de las obligaciones laborales. Incluso, detectaron que hay una directora de escuela y su suplente sumariadas, por lo que hizo falta un reemplazo que sigue trabajando porque nunca se resolvió la situación de las dos anteriores.

Según las fuentes, algunos de los sumariados fueron separados del cargo, les asignaron otras funciones y se tuvo que designar suplentes, hecho que en definitiva genera un doble y hasta triple gasto para el Estado provincial. En los otros casos, afirmaron, los investigados siguen trabajando como si nada pasara y al no resolverse la situación, cobran sin que se haya resuelto si son aptos o tienen altura ética para seguir perteneciendo al staff de agentes públicos.

Por el momento, nadie se anima a arriesgar los motivos que llevaron a la morosidad y hasta el abandono de los sumarios. Mucho menos, si es para favorecer a algunos de los involucrados o porque todo es obra y arte de la desidia.

Los datos trascendieron a cuenta gotas. En las esferas gubernamentales prefieren no dar más detalles, como nombres, denunciados y denunciantes, a la espera de la resolución que tomarán en Casa de Gobierno.

En el área Legal de la cartera que dirige la ministra Silvia Fuentes están elaborando un informe y piensan elevarlo a la vieja casona de Paula y Libertador. Puntualmente a la Asesoría Letrada de Gobierno, que es donde se dicta el dictamen final de los sumarios contra los empleados públicos, con el objetivo de analizar uno por uno los expedientes que quedaron en el olvido, armar un estado de situación y decidir los pasos a seguir.