“La gente necesita trabajar” es una frase muy en boga en la sociedad sanjuanina. Sobre todo después de que San Juan tuviera que retroceder a la Fase 1 por el brote de contagios. Muchos negocios están cerrando y otros hacen malabares para llega a fin de mes. Uno de esos es Diego Barrera, uno de los dueños de un gimnasio que este miércoles fue condenado por Flagrancia por tener el local abierto al público.

El propietario del local fitness contó a Canal 13 una versión diferente a la oficial. Dijo que él y sus socio estaban preparando un encargo que luego llevarían a un cliente. El deportista aseguró tener todas las pruebas en chats y audios de todos los alquileres de elementos de su negocio. Sin embargo el empresario pyme dijo que la justicia hizo caso omiso a estas pruebas y lo condenó a él y su socio a realizar trabajos comunitarios en municipalidades y la reparación simbólica de $10.000.

“Ese día legaron prepotentes con 4 patrulleros, 12 efectivos de la Comisaría 17 y nos maltrataron”, acusó Diego. Además el comerciante del Fitness expresó que son trabajadores, no delincuentes. En este sentido le spidió a las autoridades gubernamentales de San Juan, que se pongan en el lugar de los comerciantes, ya que según expresó “no podemos afrontar los gastos de alquileres y demás impuestos que se nos van generando”.

Diego recordó que la Secretaría de Deportes fue la que les brindó un permiso para que puedan alquilar los elementos de su gimnasio. La idea es que estos locales tuvieran una entrada de dinero para afrontar la crisis que generó la pandemia. El problema en este punto, es que la cartera de deportes en la vuelta a la cuarentena estricta, no volvió a dar el mismo permiso y los dueños de los gimnasios están nuevamente sin ingresos.

El propietario del gimnasio contó que cuando se manejaban bajo la modalidad delivery, él y su socio llevaban las pesas y demás elementos que conseguían alquilarles a sus clientes. Aunque a veces eran los mismos clientes los que se acercaban hasta el local, solo para retirar los elementos y marcharse.

“Nos escracharon diciendo que estábamos trabajando de manera ilegal en el gimnasio con las puertas cerradas, yo tengo todos los charts y audios e incluso personal de la policía llevaba su kit de entrenamiento para llevar a su casa”, manifestó ofuscado. Por último, contó que su socio tiene 3 hijos y su único sustento es el gimnasio. “Él no le puede decir a sus hijos, miren en 25 días no vamos a comer”, cerró.