Un grupo de legisladoras de la Cámara de Diputados de la Nación pidieron al presidente del cuerpo, Sergio Massa, la suspensión del diputado del PRO Eduardo Cáceres. El sanjuanino forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio representando a la provincia. Está procesado en una causa por violencia de género que inició quien fuera su pareja durante varios años, Gimena Martinazzo.

Si bien la denuncia e imputación datan de diciembre del 2020, las legisladoras resolvieron el pedido de suspensión hace poco. Específicamente, luego de que fuera procesado con prisión preventiva. El dirigente está acusado de ejercer violencia física contra quien fuera su pareja durante cerca de 7 años. Además fue embargado por $250.000.

El grupo de diputadas que generaró el pedido de suspensión está encabezado por la sanjuanina Graciela Caselles. A su solicitud se  adhirieron las legisladoras Jimena López, Mónica Macha, Mara Brawer, Carolina Moises, Liliana Schwindt, Verónica Cáliva, Liliana Yambrun, Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola, Alcira Figuero y Victoria Rosso.

Caselles en su presentación enviada a Massa indicó: “La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación”.

La diputada nombró una serie de leyes y acuerdos que justifican la decisión de generar este petitorio, el cual dejaría fuera de su banca a Cáceres. Uno de los puntos más importantes están referidos a la Ley Micaela, la cual toman como bandera para que no se haga caso omiso a lo solicitados. Por ello, Caselles explica: "Es necesario tener presente, que tenemos una deuda con la sociedad en la capacitación y preparación de todos los órdenes de la justicia en la aplicación de la Ley 27.449 (Ley Micaela), la cual estableció la obligación de capacitarse en esta temática para el conjunto de los funcionarios públicos. La Justicia debe velar por los derechos de quienes sufren violencia en todos sus aspectos, deben ser el ejemplo de justicia social."

La sanjuanina le señaló a Massa  que " tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, bandera que Usted defiende con honor".