Apenas 24 horas después de asumir, Marcelo Orrego dio a conocer su decisión de bajar todos los nombramientos realizados en los últimos 6 meses del 2023. Dentro de los alcanzados por esta determinación se encontraban unos 5000 trabajadores del Sindicato Empleados Públicos, los cuáles podrán reincorporarse hasta que la Justicia tome una decisión final respecto a su situación.

El artículo 46 de la Constitución Provincial, es decir la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, establecen la prohibición de realizar nombramientos en los 6 meses previos al término de un mandato. Este fue el motivo que presentaron desde el equipo de trabajo del gobernador sanjuanino al momento de anunciar esta baja de contratos. Sin embargo, desde el SEP desde un primer momento se mostraron preocupados por esta situación, llegando a reunirse con el propio Orrego.

Por la mañana de este jueves 25 de enero José Díaz, secretario general, dio una rueda de prensa junto al Dr. Daniel Lisandrello, abogado del SEP. Durante la misma anunciaron que desde el Poder Judicial aplicaron una cautelar en su favor, determinando que todas los afiliados alcanzados por el decreto 0062/23, podrán retomar sus funciones hasta que haya una decisión final.

'El fallo puntualmente dice que se va a dirimir acerca de la situación de los trabajadores que se quedaron sin empleo mediante este decreto, pero con los trabajadores en sus funciones. Eso es lo innovador de esto, conseguir que se reincorporen a sus puestos y que sea la Justicia quien dirima en este caso que no es concreto porque al ser un amparo alcanza a mucha gente. Al ser un amparo esta es la vía procesal más rápida para dar solución a un problema urgente que era el que tenían estos trabajadores', expresó.

Brindando más detalles sobre su presentación, el letrado aseguró que uno de los motivos principales fue la vulneración de derechos que estarían sufriendo estas personas. Principalmente el derecho a trabajar, a la salud, entre otros que están vinculados a la actividad laboral de todas las personas dependientes del Estado.

'El planteo nuestro habla de que esto es ilegal o nulo de nulidad absoluta por no haber respetado algunos pasos administrativos que debieron tener estos dos decretos. Por ejemplo no haberle dado intervención a la Asesoría Letrada. En el amparo demostramos porqué no es un gasto para la provincia estos trabajadores por el sistema de puntos que existe en los ministerios. El juez a ver la gravedad del asunto ha dictado esta cautelar', sentenció Lisandrello.