(PAGINA 12) El extitular de la UIA, Héctor Méndez, declaró como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado en la causa contra el exsecretario de Obras Públicas, José López, por enriquecimiento ilícito, y sostuvo que, en verdad, en sus declaraciones previas sólo se había referido al "destrato" y al "avasallamiento" que sufrió el sector industrial por parte de la administración kirchnerista.

El extitular de la UIA, quien públicamente había afirmado que la corrupción en la obra pública "era vox populi", y que cuando había asumido por primera vez hace 10 o 12 años en la organización industrial "a la obra pública la llamaban movicom, porque iba con el 15 adelante", ahora aclaró que que "ninguna de las empresas industriales" que formaban parte de la entidad "participó como contratista del Estado" durante la gestión del Frente para la Victoria.

Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak, consideró que, luego del cambio de gobierno, se supo que empresas del detenido Lázaro Báez cobraban antes que las demás y tenían anticipos de obra, mientras que el resto arrastraba pagos con siete meses de retraso. Sin embargo, al igual que Méndez, negó saber algo acerca del pago de coimas para la adjudicación de obras públicas. "No soy yo ni la Cámara la que tiene esa información", dijo esta mañana Chediak ante Delgado, en el quinto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

En tanto, en relación a sus denuncias anteriores, por los cuales fue citado a prestar declaración testimonial, Chediak aclaró que lo que dijo sobre el conocimiento de los hechos por parte de la expresidenta, Cristina Kirchner, el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el detenido exsecretario de Obras Públicas se refirió a la existencia de la deuda de 11,5 millones de pesos de la Dirección Nacional de Vialidad con los contratistas.

A partir de su detención en el convento de General Rodríguez, López enfrenta dos causas judiciales: la de enriquecimiento ilícito que ya venía tramitando Rafecas, a la que se sumó la investigación acerca del origen del dinero que pretendió esconder en el monasterio, y la que abrió el juez de garantías de Moreno Gabriel Castro por el arma que portaba en el momento de su detención. Tras la indagatoria ante Rafecas, en la que se negó a declarar, el exfuncionario fue trasladado al penal de Ezeiza.