Marcelo Arancibia, abogado y dirigente del partido GEN, esta desarrollando junto a su equipo una serie de charlas con vecinos de distintos departamentos de San Juan para esclarecer la situación relacionada con los incrementos en las tasas municipales incluidas en la boleta del servicio de electricidad. Este tema cobró relevancia en la opinión pública en las últimas horas, especialmente tras la reciente medida del gobierno que prohíbe a los municipios y provincias cobrar ciertos cargos dentro de la factura de luz.

En una entrevista, Arancibia explicó en Cien por Hora: “Hemos pasado de un país donde se subsidiaba enormemente la oferta energética a una situación en la que, con el retiro de esos subsidios, se sinceró el valor del consumo de energía eléctrica. Esto ha provocado un aumento desmedido en el costo de los servicios, que ha superado con creces el crecimiento de los ingresos de las personas”.

Arancibia detalló que, hasta hace pocos meses, los vecinos no percibían con claridad el impacto de estos cargos adicionales debido al bajo costo de la energía en términos reales.

“Hoy, muchas familias no pueden pagar su boleta de luz y empiezan a advertir el peso que tiene dentro de la factura el cargo fijo municipal”, comentó el abogado.

El abogado recordó que, hace tres meses, el gobernador de San Juan emitió un decreto que limitaba al 12% lo que los municipios podían cobrar en concepto de tasas vinculadas al consumo de electricidad. “Ese decreto significó un ahorro de aproximadamente 3.300 millones de pesos para los usuarios de la provincia. Sin embargo, en lugar de ser una tasa por la cual el vecino recibía una contraprestación, como el alumbrado público, se trataba de un verdadero impuesto”, aseguró.

Arancibia también destacó que el aumento en las tarifas eléctricas provoca que, aunque exista un tope del 12%, el valor del cargo único municipal siga incrementándose. “Ya en el mes de septiembre, hay personas que no pueden pagar su boleta de luz. Esto ha llevado a muchas familias a recurrir a convenios de pago con Energía San Juan para evitar el corte del servicio”, afirmó.

Cabe mencionar que el pasado martes, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio, emitió una resolución que impide incluir en las boletas de servicios como la electricidad, gas o agua, cualquier ítem que no esté relacionado directamente con el consumo de dichos productos. Según Arancibia, esta medida se fundamenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que regula la relación entre proveedores y consumidores.

“El desafío ahora es determinar el alcance y la constitucionalidad de esta resolución”, explicó el dirigente del GEN. “Vivimos en un país federal, y mientras en el caso del gas existe un ente nacional que regula el servicio para todo el país, en el caso de la electricidad, esta resolución podría chocar con la legislación provincial. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve este conflicto en los próximos meses”.

Arancibia mencionó “Estamos recorriendo la provincia y dialogando con los vecinos, planteando la inconstitucionalidad del cobro de estas tasas municipales en la boleta de luz". Del mismo modo sumó: "Sabemos que el camino será largo, pero es importante que la gente conozca sus derechos y las herramientas legales disponibles para defenderse de este tipo de situaciones”.

“Un consumidor que hoy está pagando 70.000 pesos de energía eléctrica, está destinando alrededor de 20.000 pesos a conceptos ajenos al consumo de electricidad, como impuestos o tasas municipales. Y si bien en San Juan no hay tantos cargos, en otras provincias, como Buenos Aires, los municipios llegan a incluir hasta 5 o 6 ítems adicionales”, explicó el abogado.

Arancibia subrayó que los usuarios ya pagan impuestos a través del IVA, y planteó la necesidad de discutir la validez del cobro de ingresos brutos a nivel provincial. “El impuesto a los ingresos brutos lo debe pagar quien produce bienes o servicios, no el usuario que no genera energía. Ese costo debe ser absorbido por las empresas, no trasladado a las personas”, agregó.

El dirigente del GEN insistió en que las empresas deben asumir una mayor responsabilidad en los costos de infraestructura, algo que actualmente recae sobre los usuarios. “Hasta ahora, el costo de las obras de infraestructura, como la construcción de líneas eléctricas, ha sido trasladado al usuario. Esto se debe a que el precio de la energía estaba subsidiado y no reflejaba el costo real de producción. Pero si ahora vamos a pagar el precio pleno de la energía eléctrica, las empresas deben absorber esos costos”, explicó Arancibia.

Este cambio, según el abogado, es parte de una transformación necesaria en la política energética del país, donde las empresas deben cumplir con sus compromisos sin delegar más gastos a los usuarios. “Las empresas no pueden trasladar el impuesto de ingresos brutos a los usuarios, porque nosotros no producimos ni distribuimos energía”, reiteró.

La discusión también se extiende a los municipios, que han utilizado la boleta de luz como medio para cobrar tasas y contribuciones. Arancibia destacó que, si bien los municipios tienen la potestad de cobrar impuestos, estos no deben ser incluidos en la factura eléctrica. “Los municipios deben cobrar por la vía administrativa, como lo hacen con el AVL o el barrido de luz y limpieza. No pueden usar la boleta de la luz para cobrar un cargo municipal destinado a gastos eléctricos de la comuna”, aclaró.

El abogado también anticipó una posible resistencia de los municipios a la reciente resolución del Ministerio de Economía, que prohíbe la inclusión de cargos ajenos al consumo de electricidad en las boletas de luz. “Estoy convencido de que las provincias y los municipios van a plantear la inconstitucionalidad de esta medida, basándose en su autonomía para fijar políticas de tasas y contribuciones. Sin embargo, la resolución plantea una cuestión fundamental: la relación de consumo entre un proveedor de un bien y el consumidor. Esa es una batalla que se librará en los tribunales”, afirmó.

Para Arancibia, este cambio de paradigma en la política energética no solo debe centrarse en los usuarios, sino también en las empresas, que deben asumir sus responsabilidades económicas.