La segmentación de subsidios en función de los niveles de ingresos, vigente desde 2022, atraviesa una etapa de cambios en el marco de la gestión de Javier Milei. Si bien se han implementado recortes parciales a las subvenciones, el objetivo oficial es eliminarlas por completo. Aunque inicialmente se proyectaba implementar el nuevo esquema a partir de 2025, el cambio en la Secretaría de Energía y la necesidad de evitar cortes masivos en el verano han retrasado los planes.

La secretaria de Energía, Cecilia Tettamanti, destacó que los ajustes tarifarios han logrado implementarse sin generar conflictos sociales significativos. “El salto de tarifas se dio sin los problemas que tuvimos en el pasado. La sociedad entendió que lo que no se paga por un lado, se paga por el otro. Las tarifas son más altas, pero eso ayuda a reducir el déficit fiscal y la inflación. Pagamos más por tarifas, pero menos por impuestos”, enfatizó.

Según estimaciones oficiales, los usuarios residenciales actualmente afrontan hasta el 80% del costo de la energía que consumen. Sin embargo, Tettamanti defendió la idea de mantener un bloque mínimo de consumo subsidiado, especialmente para quienes más lo necesitan.

“Queremos que el subsidio fomente la eficiencia en el uso. El consumo básico estará subsidiado, pero, a partir de ahí, la tarifa reflejará el costo real de producción, transporte y distribución”, explicó. Además, planteó la necesidad de considerar las diferencias climáticas entre regiones. “En gas natural ya existe este esquema, pero en energía eléctrica no, y queremos trabajar en eso”.

La funcionaria adelantó que el período de transición hacia las nuevas tarifas se extenderá hasta abril de 2025. Asimismo, el Gobierno prorrogó la emergencia energética por seis meses y amplió hasta julio el plazo para completar la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Este proceso definirá las inversiones y los aumentos que aplicarán generadoras, transportadoras y distribuidoras durante los próximos cinco años.

Tettamanti detalló que ya han comenzado a trabajar en la RTI junto a Osvaldo Rolando, recientemente designado interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). “El valor de las tarifas debe surgir de un cálculo que respete una metodología definida por los entes reguladores. No debería ser complicado avanzar, aunque todavía estamos afinando detalles, especialmente en las tarifas de gas natural”, señaló.

La secretaria sostuvo que el ritmo de implementación dependerá del contexto. “Podría hacerse de una sola vez o en dos o tres etapas, como se hizo en la RTI de 2017. Hay que garantizar que las tarifas sean justas y razonables, cubran los costos y aseguren la rentabilidad de las empresas, pero también respeten los tiempos necesarios para que los usuarios se adapten al cambio”, concluyó.