El presidente Javier Milei intentó calmar la controversia generada por sus recientes declaraciones sobre las universidades públicas. En una entrevista con Antonio Laje en LN+, aseguró que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”, desmintiendo las especulaciones sobre posibles cambios en su gratuidad. No obstante, subrayó que, aunque no es gratuita, ya que alguien la financia, es crucial auditar el uso de los fondos públicos en las instituciones educativas.  

Milei justificó su decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, argumentando que no especificaba el origen de los fondos necesarios. Aclaró que está dispuesto a apoyar una nueva ley siempre que la oposición defina claramente cómo se financiaría: “No voy a subir impuestos ni tomar deuda nueva”, sostuvo, instando a que se reestructure el presupuesto existente para resolver el problema salarial de los docentes.  

El mandatario criticó duramente el uso político de las universidades, afirmando que quienes se oponen a las auditorías “están encubriendo robos”. Además, sugirió la necesidad de evaluar la actividad de los profesores en las aulas. Estas declaraciones intensificaron las tensiones con la comunidad educativa, que rechaza la intervención y demanda mayor financiamiento.  

Mientras tanto, la crisis en las universidades sigue escalando. Según Luca Bonfante, dirigente estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, alrededor de cien instituciones han iniciado tomas o medidas de protesta. Los estudiantes realizan asambleas y clases públicas para visibilizar sus reclamos, al tiempo que los docentes del Colegio Nacional Buenos Aires comenzaron un paro de 96 horas exigiendo mejoras salariales.  

En este contexto, la Asociación Gremial Docente de la UBA anunció que organizarán clases públicas como parte de sus protestas y solicitaron la extensión del plazo para cargar notas hasta el 25 de octubre, como parte de las demandas hacia las autoridades universitarias.