La causa que tiene en la mira de la Justicia a Leandro Bustos, el profesor de música del ENI 8 de Rivadavia tiene novedades después de meses de estar estancada. En etapa de investigación, la causa no avanzaba porque los padres de una de las presuntas víctimas y alumna del docente no llevaban a su hija al edificio de ANIVI para realizar la cámara gesell. Ante las reiteradas negativas a los pedidos del Ministerio Público Fiscal para que lleven a la pequeña a someterse a esta pericia, la Justicia acudirá a una intimación para que los padres la lleven, según contó Sandra Leveque la defensa del docente.

Los padres de la niña, quienes son unos de los denunciantes en la causa, argumentan que no llevan a la pequeña por la situación de salud de la madre. Para fiscalía el testimonio de esta alumna es el más importante y por eso la insistencia en que realice la audiencia videograbada.

Leveque acusado señaló que se trata de una acción que obstaculiza la investigación penal preparatoria. Al mismo tiempo que recordó que presentó pruebas: se trata de videos de clases de su defendido, que dan cuenta como era el accionar del docente con sus pequeños alumnos y alumnas. Las imágenes caseras que fueron grabadas por colegas del acusado hace meses que están en manos de la Justicia y fueron enviadas a los padres de los chicos.

Según aseguró la defensa de Bustos, los videos son totalmente espontáneos, y que fueron registradas por docentes que acompañaban en el aula al profesor. En las filmaciones, el docente sale enseñándoles a los chicos, entre ellos los de la denuncia, partes del cuerpo a través de canciones. La defensa aseguró a este medio que los videos prueban que el profesor de música no tenía contacto con sus pequeños alumnos.

El caso

El pasado 5 de mayo, el Juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro decidió imputar al profesor de música Leandro Bustos por el presunto delito de abuso sexual simple agravado en prejuicio de cuatro alumnos suyos de 3,4 y 5 años.

A pesar de quedar en libertad, el docente no puede acercarse a ningún familiar de las víctimas dentro de un radio de 300 metros, como así también al establecimiento.  Esta medida, tiene vigencia por el término de 6 meses. Además, el profesional debe presentarse cada 15 días en la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

Las tres denuncias iniciales fueron realizadas por los padres, luego de que salieran a la luz estos casos de abuso. Según habían detallado en la audiencia de formalización de la investigación, tanto el fiscal Juárez como la ayudante fiscal, Paula Arredondo, el 26 de abril se realizó la primera denuncia. Fue una mamá de una presunta víctima de 5 años.