Una joven denunció haber sido violada en una estación de servicio ubicada en Paula Albarracín de Sarmiento y Pedro de Valdivia. Este hecho, que trascendió el pasado jueves durante la audiencia de control de detención del sospechoso, abrió un complejo proceso judicial que aún carece de respuestas.

El caso fue radicado en la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos de Violencia de Género (UFI CAVIG), donde el fiscal Miguel Gay y su asistente, Alejandra Barrionuevo, comenzaron las investigaciones preliminares. Durante este proceso, lograron identificar a un individuo, identificado como C.A.G., quien habría tenido alguna relación con el ataque. Su detención fue ordenada como medida preventiva, dada la gravedad de la acusación.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado en la audiencia ante la jueza de Garantías, Mónica Lucero. A pesar de las sospechas que pesaban sobre él, el propio Ministerio Público solicitó su liberación debido a la falta de pruebas que corroboraran su implicación en el delito. Según fuentes cercanas, el detenido negó conocer a la denunciante, lo que llevó a cuestionar la justificación de su arresto.

La audiencia en los tribunales resultó confusa, ya que la fiscalía no proporcionó detalles sobre el incidente ni aclaró qué pruebas motivaron la detención del joven. Además, la falta de claridad sobre los testigos involucrados generó inquietud entre los presentes. Lo único que quedó claro fue que no existían elementos concretos que comprometieran al sujeto, más allá de su presencia en el lugar en el que supuestamente ocurrió el abuso.