Extienden cuatro meses la investigación de la muerte de Lucía Rubiño
La audiencia otorgó cuatro meses más para investigar el rol de Juan Pablo Echegaray en la tragedia; su defensa pidió menor exigencia en las presentaciones por motivos académicos.
Este jueves por la tarde, el juez de Garantías, Javier Figuerola aprobó una extensión de cuatro meses en la investigación sobre la muerte de Lucía Rubiño, la joven atropellada en Rivadavia en octubre de 2023, en un caso que generó gran atención pública debido a la implicación de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal. La prórroga, solicitada por el fiscal Iván Grassi, permitirá a la fiscalía y a la defensa presentar nuevas pruebas y cerrar la investigación con el fin de esclarecer todos los detalles en torno al presunto delito de corrida de picadas.
En diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan, el fiscal Grassi explicó los motivos de su solicitud en audiencia, indicando que "en su momento se nos dio un plazo de un año para investigar; ese plazo vencía hoy y notifiqué que sobre uno de los delitos imputados, el más gravoso de homicidio culposo, he dictaminado luego de todas las pruebas recolectadas, que procedería al sobreseimiento de Echegaray, en plazo para que las partes puedan objetar si no están de acuerdo. Es por esto que he pedido en el día de la fecha que se nos conceda un plazo de 4 meses más, porque se mantiene el otro delito imputado por el cuál se está trabajando la acusación para llevarlo a juicio por realizar picadas ilegales”.
En la audiencia, el abogado defensor Joaquín Moine Galdeano, quien representa a Echegaray, respaldó la solicitud de prórroga y argumentó en favor de su cliente. Moine Galdeano expuso que Echegaray, actualmente estudiante universitario en Córdoba, enfrenta complicaciones para presentarse cada 30 días ante la Justicia en San Juan debido a sus obligaciones académicas. Por este motivo, la defensa pidió eximirlo temporalmente de esa condición. Echegaray, quien participó en la audiencia a través de Zoom, reafirmó su intención de cooperar en la investigación para probar su inocencia.
Por su parte, Fernández coincidió con el fiscal en la necesidad de una prórroga para analizar exhaustivamente el informe de Mendoza, aunque mantiene una postura crítica respecto de los hallazgos de esa pericia. El abogado explicó que “tenemos un plazo para objetar el dictamen fiscal por el cual se ha pedido el sobreseimiento del imputado por la causa principal, que tiene que ver con la actuación de él como partícipe concomitante del hecho que tuvo el desenlace fatal con la muerte de Lucía Rubiño”. Aseguró además que “hay un cúmulo de elementos de condición que han sido soslayados por parte del Ministerio Público Fiscal; son criterios jurídicos distintos, nosotros entendemos que las pruebas nos avalan, estamos produciendo esa objeción del dictamen”.
En relación con los elementos que sustenta la fiscalía, Fernández argumentó que “el criterio jurídico sostenido por el fiscal no tiene sustento acreditante. La posición del fiscal de que Manzur invadió carril adolece absolutamente de elementos convictivos que lo respalden”. El abogado adelantó que plantearán formalmente la revisión de la resolución de Grassi: “En función de eso vamos a plantear a ese dictamen fiscal como lo establece la ley y vamos a pedir que un fiscal superior lo evalúe y eventualmente, si confirma lo que entendemos que deberán confirmar, que sea un juez quien tenga la última palabra por cuál de las hipótesis se inclina y tener la instancia de llegar a juicio y poder mostrar esta segunda apreciación”.
Además, Fernández subrayó la posibilidad de pedir el apartamiento de Grassi en caso de que el fiscal insista en su dictamen: “En el caso de que el fiscal decida avanzar y tomar por la hipótesis jurídica de esta parte querellante, vamos a pedir que se aparte el fiscal del caso y que no intervenga el doctor Grassi”.
El caso se centra en la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando Rubiño fue arrollada por un vehículo Renault Sandero, conducido por un menor de 17 años. La querella, representada por el abogado Marcelo Fernández, sostiene que el accidente ocurrió porque la camioneta Toyota Hilux de Echegaray bloqueó el paso del Sandero, obligando al joven conductor a maniobrar y atropellar a Rubiño. Sin embargo, peritos del Poder Judicial de Mendoza, convocados por el fiscal Grassi para asegurar objetividad, concluyeron que Echegaray no tuvo responsabilidad directa en el accidente. Esta pericia resultó fundamental para el dictamen de sobreseimiento del imputado en el delito de homicidio culposo, emitido por Grassi la semana pasada.