Acuerdo judicial en el caso de Milagros Cortéz: ¿Qué pasará con la instructora?
Milagros Cortez cumplía residencia en el Penal y terminó internada por una presunta sobreexigencia física a manos de una instructora. Meses después la justicia estableció que la superior debe pagarle una suma millonaria.
El caso de la aspirante penitenciaria Milagros Cortez concluyó, por ahora, con el pago en cuotas por parte de su instructora por sobre exigencia física. A seis meses del caso resonante que conmocionó a la provincia, hubo suspensión de juicio a prueba por lo sucedido a la joven que terminó en estado crítico e incluso internada.
Hace unas semanas, se dictó una sentencia en la denuncia interpuesta por Milagros Cortez, una aspirante a agente penitenciaria, quien sufrió graves lesiones tras un presunto entrenamiento excesivo en la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo.
La responsable señalada en la causa, instructora Claudia Brizuela, aceptó un acuerdo para indemnizar a Cortez con $1.2 millones de pesos y se enfrenta también a una suspensión en sus funciones. Sin embargo, el cumplimiento de este acuerdo dependerá de una serie de factores administrativos y judiciales que podrían reabrir el proceso en caso de incumplimiento.
En diálogo con Diario 13, el abogado querellante, Omar Quiroga, detalló los términos del acuerdo alcanzado para evitar un juicio penal contra Brizuela. Quiroga explicó que el acuerdo “permite la destrucción de la causa penal” siempre y cuando se cumpla con la compensación económica en las seis cuotas pactadas. Según Quiroga, el primer pago debió realizarse el 24 de octubre, pero aún no ha tenido confirmación de si la suma fue depositada. “Si alguna de las seis cuotas no se cumple, el acuerdo queda sin efecto, y la causa podría reabrirse", señaló el abogado.
Además, Quiroga aclaró que, aunque se haya alcanzado este acuerdo, Cortéz mantiene abierta la posibilidad de “accionar a futuro contra el Estado” en una instancia civil, lo que representa una vía adicional para la búsqueda de reparación por los daños sufridos en el entrenamiento.
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, detalló el procedimiento administrativo que se sigue en este tipo de casos. “Cada caso es particular y se resuelve de acuerdo a las circunstancias específicas de cada uno”, comentó Delgado, quien aseguró que, cuando interviene una Unidad Fiscal de Investigación (UFI), el Servicio Penitenciario activa una actuación administrativa que es supervisada por la Secretaría de Seguridad. Esta actuación, señaló, evaluará la resolución judicial para definir si corresponde una sanción administrativa adicional a la instructora Brizuela.
El director Delgado también informó que, dependiendo del cumplimiento de los términos del acuerdo judicial, se decidirá el cierre administrativo del caso en el Servicio Penitenciario. Si las cuotas se cumplen y el acuerdo se sostiene, el proceso administrativo concluirá sin mayores implicancias. No obstante, si algún pago falla, el caso regresará a los tribunales y se reactivará el juicio.
Este caso continúa bajo la lupa tanto de las autoridades judiciales como de las penitenciarias, y la situación podría cambiar en cualquier momento, dependiendo de cómo se ejecuten los términos del acuerdo.