Un hombre que presentó certificados falsos para habilitar un establecimiento educativo fue condenado a pagar $1.000.000 como reparación simbólica y a realizar trabajos comunitarios, luego de que se descubriera la irregularidad en la documentación. 

La investigación, que duró varios meses, concluyó con la decisión del juez Diego Sanz de otorgar al acusado una suspensión de juicio a prueba, más conocida como "probation", permitiéndole evitar una condena formal siempre que cumpla con las condiciones impuestas.

El caso salió a la luz el pasado 8 de agosto de 2024, cuando el Jefe del Departamento Siniestros de la División Bomberos de la Policía de San Juan presentó una denuncia ante la fiscalía. La denuncia detallaba serias irregularidades en los certificados presentados para habilitar un colegio, incluyendo el uso de códigos QR duplicados en dos documentos que, al escanearlos, remitían al mismo contenido de un certificado emitido en 2023. Sin embargo, un tercer certificado, fechado en 2024, fue el que alertó a las autoridades. Este último contenía una habilitación por un año, pero incluía una firma falsificada de un arquitecto de apellido Manina, lo que resultó ser el detonante para la apertura de una investigación penal.

El autor del delito, identificado como Oscar Quiroga, fue acusado de “falsificación de documento público”, un delito que podría haber derivado en un juicio penal de no ser por la ausencia de antecedentes previos. Durante la audiencia de formalización, el juez resolvió conceder la probation por un año, bajo la condición de que Quiroga pague un millón de pesos como reparación simbólica y cumpla con la realización de trabajos comunitarios en un municipio.