Un matrimonio sanjuanino que sufrió un escruche en enero de 2018, que denunció el robo de una chequera entre otra cantidad de bienes de su domicilio, terminó embargado y condenado a desembolsar 22.000 pesos porque una jueza admitió el reclamo de pago de la fotocopia de uno de los cheques denunciados.

El insólito episodio ocurrió en el Juzgado de Paz de Chimbas, a cargo de Hebe Graciela Cattani, reconocido por haber certificado normas de calidad por su celeridad en la administración de justicia. Llamativamente, el fallo fue emitido más de un año después de que la causa estuvo “dormida”. El embargo se trabó en noviembre de 2018 y la sentencia condenatoria, el 3 de febrero de 2020.

Además hubo otros hechos cuanto menos llamativos, citados por la defensa del matrimonio víctima del robo de su chequera  en enero de 2018. Las identidades se mantienen en reserva por seguridad de las víctimas.

Hay que remontarse a enero de 2018  para comprender el mal trago que le tocó pasar a esta familia, que al regresar a su domicilio encontró todo revuelto y muchas pertenencias robadas. Entre los elementos desaparecidos estaba una chequera del Banco Citibank. Dada la seriedad del hecho, se hizo la denuncia policial y, con el comprobante corresondiente, se notificó al Banco Santander –que se hizo cargo de las sucursales minoristas del Citi tras su salida de Argentina- para que bloqueara de inmediato esa serie de cheques.

Como estaba la denuncia policial realizada y se adjuntó el comprobante respectivo, el trámite se  llevó a cabo sin objeciones. La chequera quedó invalidada. El banco ordenó el no pago de todo cheque comprendido en ese talonario, que se encontraba en manos delictivas.

Transcurrieron los meses y avanzó la causa judicial en el Segundo Juzgado de Instrucción, con el objetivo de poder recuperar al menos parte de lo sustraído. Pero en noviembre de 2018 ocurrió lo que nadie imaginaba: el banco Santander notificó al matrimonio víctima del escruche, que su cuenta corriente había sido embargada por orden de la jueza de Paz de Chimbas.

Atónitos y con su abogado como escolta, fueron hasta el Juzgado para anoticiarse de la razón del embargo. La sorpresa fue mayúscula cuando supieron que la medida judicial era a pedido de una persona que decía haber sido estafada con un cheque. Sí, era uno de los denunciados como robados.

El letrado del matrimonio hizo una presentación espontánea, aclarando que nunca habían sido notificados siquiera sobre la existencia de ese reclamo de cobro y que, de haber sabido algo al respecto, hubieran puesto en conocimiento a la jueza Cattani acerca de que ese cheque había sido denunciado como robado junto con el resto de la chequera diez meses antes.

Por lo tanto, se le hizo saber a la jueza que ese cheque estaba adulterado, que de ninguna manera había sido firmado por su legítimo propietario sino por alguien más. Surgió de manera conexa, de este modo, la sospecha de que podía estar operando bajo las sombras una organización que se aprovecha de estos títulos para operaciones fraudulentas. Básicamente, para estafar a terceros.

Pero la sorpresa fue aún mayor cuando el matrimonio embargado se enteró de que toda la causa en el Juzgado de Chimbas se había sustanciado a partir de la fotocopia de un cheque. El título original permaneció en poder del banco Santander, que lo retuvo como correspondía, en función de la denuncia de robo recibida en enero hace dos años.

¿Por qué el matrimonio damnificado nunca supo de la denuncia en su contra hasta que les llegó el embargo? Según consta en el fallo del 3 de febrero pasado, porque la notificación se hizo con un domicilio incorrecto. Se indicó la misma calle que figura en el cheque librado de manera fraudulenta, pero con una numeración 20 números menor. Si fue un simple error de tipeo o hubo alguna intención espuria para perjudicar al dueño original de la chequera, por ahora es un misterio.

Lo cierto es que la jueza Catani consideró que igualmente el matrimonio titular de la chequera era responsable por el pago reclamado, que no se vulneró su derecho a la defensa, y que a ella no le constaba la denuncia de robo. Por el contrario, argumentó que si el dueño original del cheque desconocía la firma, debía contratar un perito calígrafo para acreditarlo. Esto resultaba difícil, si no imposible, tratándose de una fotocopia.

Finalmente, la representación legal del matrimonio damnificado alertó sobre la identidad de quien se dice estafado y pretende cobrar el cheque. Es decir, quien obtuvo el fallo a su favor, dentro del Juzgado de Paz de Chimbas. El cheque está endosado a nombre de “El Trebol de ORO SRL”, pero el promotor de la acción judicial es Carlos Ramón Brizuela. ¿Qué vínculo tienen uno con el otro?

Tras la sentencia condenatoria de efectuar el desembolso, fechada el 3 de febrero de 2020, la defensa del matrimonio interpuso un recurso para apelar. Ahora la jueza Cattani debe resolver la admisibilidad o no de esa presentación. En caso de rechazarla, quedará por delante la queja ante la Cámara, es decir, la segunda instancia.

Más allá de esta sucesión de hechos cuanto menos curiosos, hay una investigación penal en torno del destino de la chequera robada, alimentada por la sospecha de que hay una organización criminal que estaría operando con esos cheques. Fuentes vinculadas al rastreo, indicaron que ya tienen al menos un par de sospechosos identificados, a quienes están siguiendo con detenimiento.