El Ministerio Público analiza por estas horas una denuncia penal que ingresó contra tres magistrados: Luis Arancibia, Sergio Saffe y Elena De la Torre. La acción la promueve el abogado Nicolás Fiorentino, quien los acusa de incumplir la ley sin ninguna justificación en la resolución de una demanda que él mismo inició por cobro de honorarios y de perjudicarlo con la forma de calcular el monto.

Fiorentino es un conocido litigante y su denuncia ingresó al lunes, aunque recién tomó estado público este jueves. En la misma, sostiene que los jueces apuntados cometieron abuso de autoridad y prevaricato en una causa en la que es parte.

La causa que cita Fiorentino es una que inició en el año 2021, para cobrar los honorarios que le habían regulado en un litigio judicial que uno de sus clientes tuvo con la exdirectora del Hospital Rawson Beatriz Salanitro. El dinero lo tenía que pagar la exfuncionaria y fue su abogado el que se presentó y depositó el capital.

La causa se sustanció en el juzgado Civil N°3 que dirige Luis Arancibia. Fiorentino le apunta en primera instancia a ese magistrado, en virtud de que sostiene que se contradijo con distintas resoluciones que dictó.

Fiorentino reclamaba el capital, de algo más de $7000, intereses y gastos, pero el depósito de Salanitro fue solo equivalente al capital. Por eso, explica el denunciante, no cobró. “No era lo que yo estaba reclamando, era menos, no me pueden pagar los que ellos quieran”, le explicó a Canal 13.

Según Fiorentino, Arancibia resolvió primero que no estaba obligado a recibir montos parciales y que el depósito del capital no tenía valor de pago. Pero luego, de acuerdo al denunciante, el mismo magistrado le da valor de pago y dispone que se descuente del total que tiene que cobrar el abogado y que a ese monto no se le sigan aplicando intereses.

El letrado apeló a la Cámara Civil y allí, su planteo siguió la misma suerte. Según Fiorentino, los camaristas Elena De la Torre y Sergio Zaffe “forzaron la ley para darle la razón al juez de primera instancia y también ordenaron que el monto depositado en su momento se tiene que descontar y no se le debe aplicar intereses”.

Para ir por ese camino, los camaristas invocaron el artículo 869 del Código Civil. El mismo dice:  “El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida”.

Fiorentino asegura en su denuncia que "los tres jueces que aquí son denunciados, han obrado dentro del marco de la función que como Juez tienen asignada, faltando a sus deberes y con la clara intención de torcer la justicia… actuando al margen de la ley; privándome del derecho a cobrar los honorarios que legítimamente me corresponden”. Además, sostiene que "el crimen que se imputa a estos jueces consiste en el dictado intencional de una decisión judicial ilegal; en lo que constituye un claro abuso de su función jurisdiccional, con la clara intención de perjudicarme y que la ejecutada (Salanitro) obtenga una ventaja patrimonial”.

El profesional acusa a los magistrados de abuso de autoridad y prevaricato. Este último delito se consuma cuando un juez se aparta injustificadamente de lo que dice la ley para emitir sentencias o resoluciones.

Fiorentino estimó que la diferencia económica con lo que se está viendo perjudicado asciende a algo más de $20.000. Si bien aseguró que puede ser una cifra exigua para Salanitro y los magistrados en cuestión, “para mí es mucho dinero, yo vivo de mi profesión y sea más o menos, merezco cobrar los honorarios que determina la ley”.

La pelota está ahora del lado del Ministerio Público. El fiscal Sebastián Gómez ya estudia los términos de la denuncia y tiene que decidir, primero, si hay elementos que justifiquen seguir adelante con la investigación o, en su defecto, desestimarla por ausencia de delito.