Inesperadamente una jugada de la Corte de Justicia puso en vilo a Marcelo Orrego. Se trata de una medida administrativa que podría encender la mecha que tanto viene cuidando el gobierno provincial: los salarios.

Desde la feroz devaluación dispuesta por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, los sindicatos saltaron a la yugular del gobierno para pedir compensaciones que reduzcan la pérdida de poder adquisitivo. Hubo apenas paliativos. La caída del salario real fue inevitable. 

En ese contexto la Unión Judicial presionó para que la Corte se aparte del Poder Ejecutivo y firme una recomposición de ingresos por encima del cuentagotas que fue negociando el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, con los sindicatos docentes y no docentes. 

La respuesta para los judiciales fue un pedido de empatía. Entre todos los estatales, quienes prestan servicio en tribunales tienen el mayor ingreso. Por lo tanto, haberles abierto el grifo hubiese sido poco menos que una provocación para el resto de los mortales. No. Las circunstancias invitaban a la austeridad.

Ese fue el trato que, a regañadientes, admitió el líder de la Unión Judicial, Sebastián López. El mismo trato que se rompió cuando trascendió el Acuerdo Nro. 31. A través de esa decisión administrativa, un selecto grupo de trabajadores de planta permanente sumó un plus equivalente al 25 por ciento de su sueldo. La reacción de los que se quedaron afuera fue inmediata. Si hay para algunos, que haya para todos.

El polémico plus benefició a los oficiales de justicia, que son los encargados de llevar notificaciones hasta los sitios más remotos de la provincia y hasta ahora no tenían una compensación que los reconociera. El sobresueldo también fue para los informáticos, con el interés de retenerlos en el Poder Judicial cuando son muy requeridos en el mercado privado.

Pero el conflicto estalló cuando la acordada incluyó, además de los oficiales de justicia y los informáticos, a los administradores. Son empleados judiciales que pueden o no ser abogados, que ya venían prestando servicios pero desde la implementación del nuevo sistema quedaron a cargo del gerenciamiento de los juzgados. Cumplen una tarea de coordinación que antes recaía sobre los jueces. Son solamente 14 en todo el Poder Judicial. El importante aumento salarial para ellos fue el detonante de las protestas.

La semana pasada hubo dos concentraciones en las puertas de Tribunales y la última, ocurrida el viernes, terminó con presencia policial. En adelante habrá asambleas en los lugares de trabajo, es decir, virtual retención de servicio por franjas horarias. La tensión tiende a escalar.

¿Y esto en qué afecta a Orrego? En que la provincia es una sola. Y los judiciales son estatales, aunque pertenezcan a otro poder del Estado. Desde hace décadas tanto el Poder Judicial como el Legislativo acoplaron sus políticas salariales a lo que negociara el Ejecutivo con los gremios docentes y no docentes. Ese fue el parámetro que mantuvo la relativa armonía.

Pero la crisis agudizada y el impacto en los bolsillos fue resquebrajando esa modalidad. Cuando la Unión Judicial le recordó a la Corte que tiene autonomía para disponer de sus recursos sin esperar las coordenadas del Ejecutivo, la respuesta fue política: muchachos, es tiempo de acomodarse a las circunstancias. Ser solidarios con el resto. El pacto, atado con alambre, se rompió cuando se filtró el premio para un selecto grupo de elegidos.

El debate acerca de los merecimientos pasó a un segundo plano. La mayor responsabilidad de los administadores ya no satisface como argumento para aplacar el reclamo del resto de los judiciales. La hoguera se agiganta en la necesidad de una recomposición democrática, que tenga en cuenta a los que menos ganan, no a los que están en la cúspide.

Es altamente posible que el INDEC le haga un gran favor a Milei e indirectamente también a Orrego cuando difunda un índice de inflación de apenas un dígito este martes. Paradójicamente será volver el tiempo atrás. Hace alrededor de seis meses. Fue el valor con el que convivió la mayor parte del tiempo la gestión de Alberto Fernández.

Más allá de las consideraciones sobre la inflación pisada con el retardo parcial de los tarifazos, la marcha atrás con el aumento de las prepagas y algunas otras medidas artificiales del modelo ya no tan libremercadista, habrá un argumento para sostener que la inflación empezó a desacelerar.

No será una cuestión en abstracto. Funcionará fundamentalmente como un contraargumento para intentar serenar a los sindicatos. Al menos en los papeles debiera funcionar así. El ministro Gutiérrez planteará que una mejora del 10 por ciento para mayo será superior a la inflación registrada en abril oficialmente. Por lo tanto, habrá comenzado la recuperación para los trabajadores.

Si en el medio de esta negociación se enciende la mecha entre los que mejor ganan, los judiciales, la paritaria docente podría complicarse. Cuando se empiezan a ventilar los recibos de sueldo, aparecen las comparaciones.

La Corte quedó en el centro de una negociación que no se agota en la Justicia. El propio Orrego quedó a expensas de la próxima jugada de los cortesanos.


JAQUE MATE