En la mañana de este martes, el Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Díaz, dio a conocer las novedades de la denuncia generada en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales al intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. En la misma lo acusa de una serie de presuntos delitos contra la administración pública. 

'Estamos bastante preocupados porque hasta el momento no hemos recibido notificación de la denuncia que hicimos. Pero queremos que la sociedad sanjuanina y los socios del Sindicato estén tranquilos porque es un tema que lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias' comentó Díaz en el móvil de Canal 13. A la vez, señaló que van a recurrir donde deban para que se aclare lo respectivo al faltante de $60 millones.

En su conferencia de prensa Díaz explicó que en los medios, la candidata y esposa del actual intendente chimbero Daniela Rodríguez, al referirse al tema habló de balances, aunque él detalló que en este caso no se denomina de ese modo, sino que se trata de una rendición de partidas. Por este motivo expresó: 'nosotros hemos denunciado que ha sido violada la en la ejecución la ley porque en los pliegos de condiciones asumían costos que eran prácticamente incomparables'. A ello sumó que hubo cierta ilegalidad a la hora de la elección en la licitación. 

Acto seguido dio lugar a la doctora Vanesa De Dax, quien se encargó de dar a conocer los detalles técnicos de la denuncia. En su caso señaló que la denuncia fue presentada en el Foro Federal, pero el problema radica en la falta de notificación, debido a que el sindicato es un damnificado de manera indirecta en el caso.  

Además, dijo que: 'son delitos de corrupción administrativa donde intervienen terceros que son asociados y donde habría enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que están a cargo'. 

Del mismo modo, la abogada De Dax, añadió que hay terceros que son beneficiarios, de estos delitos, al igual que los funcionarios. Uno de los puntos que recalcó fue que desde el 'Ministerio fiscal se declararon en incompetencia para entender lo referido a la licitación pública, pero no en relación con el resto de los delitos que se estaban denunciando, entre ellos facturación apócrifa con la que buscaron encubrirlo los sobreprecios de los servicios públicos'.