El politólogo sanjuanino Sergio Guzmán analizó en profundidad la represión ocurrida el miércoles de la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, donde jubilados y manifestantes que los acompañaban fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad. El hecho no solo generó conmoción a nivel nacional, sino que también llamó la atención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que instó al gobierno argentino a investigar los sucesos. Guzmán calificó la represión como "feroz" y "gravísima", y advirtió sobre el deterioro institucional y democrático que esto refleja.

Guzmán comenzó su análisis destacando que la situación es "más grave de lo que circula en el microclima de la política doméstica". Según el politólogo, la represión a los jubilados y manifestantes ha generado una preocupación internacional que no puede ser ignorada. "Los organismos internacionales ya están instando al gobierno argentino a que investigue los hechos. Esto no es algo menor", afirmó.

El politólogo explicó que la represión viola principios fundamentales del derecho internacional, como el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza el derecho a la protesta pacífica. "Lo que ocurrió el miércoles pasado fue un uso desmedido de la fuerza por parte del aparato estatal contra un sector vulnerable de la sociedad, como son los jubilados. Esto es inaceptable y va en contra de los principios que Argentina ha defendido históricamente", señaló.

Guzmán también abordó el tema de los discursos del odio, que, según él, han sido instrumentalizados por las autoridades para justificar la violencia estatal. "Lo que estamos viendo no es más que la materialización de los discursos del odio. Expresiones como 'quemacoches' o 'cara cubierta' no son inocentes. Son herramientas políticas que buscan legitimar la represión", afirmó.

El politólogo recordó que los discursos del odio no son nuevos en la historia argentina, pero advirtió que su uso desde las más altas esferas del poder es especialmente peligroso. "Cuando el emisor de estos discursos es una figura pública, como un presidente o un funcionario, las palabras se amplifican y tienen un impacto profundo en la sociedad. Esto no es lo mismo que una discusión acalorada entre dos personas. Aquí estamos hablando de un mensaje que se instala en el imaginario colectivo y que justifica la violencia", explicó.

Guzmán profundizó en cómo los discursos del odio cosifican a ciertos grupos sociales, deshumanizándolos y convirtiéndolos en "amenazas". "Expresiones como 'pibe chorro', 'planero' o 'zurdo' no son casuales. Buscan identificar y separar a un grupo de la sociedad, descalificarlo y, finalmente, anularlo. Esto es lo que permite que se justifique la represión y la violencia", afirmó.

El politólogo trazó un paralelismo histórico, recordando cómo en otras épocas se utilizaron términos como "subversivo", "descamisado" o "indio salvaje" para estigmatizar y reprimir a ciertos sectores. "Estas expresiones no son nuevas, pero su uso desde el poder las hace especialmente peligrosas. Lo que estamos viendo es un intento de negar los derechos de quienes son percibidos como una amenaza", señaló.

Guzmán no dudó en calificar la situación como un claro deterioro institucional. "La calidad democrática está socavada como nunca. Lo que ocurrió el miércoles pasado es un ejemplo de cómo se está utilizando el aparato del Estado para reprimir a quienes ejercen su derecho a protestar", afirmó.

El politólogo recordó que Argentina ha sido históricamente un modelo en la defensa de los derechos humanos y la consolidación democrática. "Raúl Alfonsín, apenas asumió en 1983, convocó a una comisión para juzgar a las juntas militares. Eso consolidó a la democracia y convirtió a Argentina en un ejemplo mundial. Hoy, estamos viendo lo opuesto: un gobierno que niega los hechos y justifica la represión", lamentó.

Guzmán también criticó la actitud del gobierno ante las denuncias de represión. "Lo más preocupante es la negación. Las autoridades niegan lo que todos estamos viendo. No hay sumarios administrativos contra los policías que golpearon a una mujer hasta dejarla inconsciente, ni contra quienes reprimieron a los jubilados. Incluso se amenaza con juicio político a la jueza que liberó a los detenidos por falta de pruebas", denunció.

El politólogo advirtió que esta negación es parte de un "constructo social" que busca anular al otro. "No se trata solo de negar los hechos, sino de negar los derechos de quienes protestan. Esto es muy grave y refleja un deterioro profundo de nuestras instituciones", afirmó.

 "El problema es más profundo. Se trata de cómo estamos ejerciendo la democracia y cómo estamos protegiendo los derechos de todos los ciudadanos. Eso es lo que realmente está en juego", finalizó.