Verónica Araya, referente de la comunidad trans en San Juan, criticó las declaraciones de la diputada nacional Amalia Granata, quien días atrás cuestionó los supuestos ‘privilegios’ de este sector por el acceso a los tratamientos de hormonización.  

En Paren las Rotativas, la dirigente de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de la Argentina (ATTTA), se refirió a la dura realidad que enfrentan las personas de esta comunidad.

‘No tenemos ninguno de estos privilegios que dice esta señora desde su desconocimiento. El desconocimiento y la ignorancia son muy peligrosos y más cuando lo practica una persona que tiene este poder de decisiones como una legisladora o alguien que tiene un lugar en los medios de comunicación’, señaló Araya.

‘Es triste y violento. Llamaría a esta persona a capacitarse en los derechos humanos. Nosotros desde a comunidad trans, desde ATTA venimos trabajando, luchando y conquistando derechos hace más de 29 años ya, derechos que fueron negados para esta comunidad’, sostuvo.

En este sentido, se refirió desde la libertad de caminar libremente en la calle sin ser detenidas por la policía, o el acceso a la salud pública. ‘Luchamos por el derecho de ir a un hospital y ser atendidas y no que se escondan los médicos y no te quieran atender. O ir a un hospital y que un profesional esté capacitado para atender los cuerpos de las personas tras, porque me ha pasado de ir y que un profesional no tenga noción de cómo tratar el cuerpo de una mujer trans, o que no sepa sobre los tratamientos hormonales’, manifestó.

‘Nosotras somos parte de esta sociedad. ¿Cómo puede ser que yo pague los impuestos y tenga acceso a la salud pública, pero voy a un hospital y no saben cómo atenderme? Y tengo que volver a mi casa y morirme en mi casa. Nosotras nos morimos en los pasillos de los hospitales, solas en nuestra casa, porque terminamos solas, sin familia, sin un Estado presente. Morimos al lado con una compañera que nos brinda un vaso de agua y nos compra un calmante en la farmacia más cercana’, describió.

Verónica comentó que la expectativa de vida de una persona trans es de 35 a 40 años. ‘Si tuviéramos privilegios como dice esta señora (Granata), tendríamos una expectativa de vida mucho más alta por lo menos’, afirmó.

Luego, se refirió a la necesidad de una ley integral para las personas trans. ‘Esta ley habla de que el Estado garantice los derechos humanos de cualquier ciudadano. Si yo quiero ir a anotarme al IPV, por ejemplo, no puedo. Hoy los requisitos no me dan. Porque no tengo hijos, porque no tengo una familia, no soy casada, no tengo un sueldo’, reclamó.

Además, el proyecto plantea el derecho al trabajo formal. ‘Hoy por hoy somos 5 las compañeras que tenemos un trabajo formal, contratadas. Y la comunidad trans de San Juan es de alrededor de 500 personas, solo en el Gran San Juan y son solo 5 las personas con trabajo formal. Y el resto todas trabajan de manera independiente. O son peluqueras, modistas o ejercen el trabajo sexual. Porque es la única opción que nos dejan, porque nos discriminan’, aseguró.

De este modo, Araya reflejó la dificultad de las personas trans de acceder al trabajo formal. ‘Cuando llevas un CV a algún lugar te dicen: después te llamamos o que no das con el perfil de la empresa o que no cumplís con los requisitos. Nosotras somos excluidas desde nuestra niñez en los hogares. Hoy por hoy seguimos trabajando para que esto cambie. Hoy estoy acá para que se visibilice nuestra situación. No tenemos una vida de lentejuelas, brillo copeteo y cumbia. Estamos en urgencia alimentaria en la comunidad trans’, señaló.