Los hermanos Victor Hugo Moyano y Carlos Alberto Moyano fueron condenados por el asesinato de su galgo en su hogar de Laboulaye, Córdoba. La cruel escena, en la que se veía a los hombres golpear al perro con una maza y dispararle, se viralizó en diciembre, causando indignación en la comunidad. A pesar de la gravedad del hecho, las bajas penas establecidas por la Ley Sarmiento contra la crueldad animal resultaron en una condena de seis meses de prisión condicional. No obstante, el juez ordenó que ambos hermanos reciban tratamiento psicológico como parte de la sentencia.

El terrible incidente ocurrió poco antes de las fiestas de Navidad, y el video en el que se escuchaban los desgarradores aullidos del animal causó una gran conmoción. Tras la investigación, se descubrió que el perro también fue baleado antes de ser golpeado. La Sociedad Protectora de Animales de Laboulaye denunció el hecho, y se constituyó como querellante en la causa, dando inicio a la investigación.

El fiscal Marcelo Saragusti, encargado de la instrucción, tomó declaración a los involucrados y acordó un juicio abreviado con sus defensores, en el que los hermanos admitieron su culpabilidad bajo la Ley N° 14.346. Carlos Alberto Moyano fue quien disparó al perro, mientras que su hermano Víctor Moyano continuó con el ataque utilizando una maza y finalmente un trozo de block de cemento para terminar con la vida del animal. La sentencia destacó la "perversidad" con la que actuaron.

El juez Sebastián Moro dictó una condena de seis meses de prisión condicional, y estableció que los hermanos, que no tenían antecedentes penales, deberán cumplir con diversas condiciones durante dos años. Entre ellas, deberán abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, evitar cometer nuevos delitos y trabajar en un oficio adecuado a su capacidad. Además, la justicia impuso la obligación de que asistan a sesiones psicológicas de forma recurrente y acrediten mensualmente su asistencia ante el juzgado.

Aunque la Ley Sarmiento prevé penas de entre 15 días y un año de prisión, el juez decidió no aplicar el máximo debido a la colaboración de los acusados en la investigación y su reconocimiento de culpabilidad. Sin embargo, la decisión ha generado controversia en la comunidad, que sigue demandando penas más severas para quienes cometen actos de crueldad animal.