El próximo 18 de enero se cumplirán diez años del trágico fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, cuyo cuerpo fue encontrado en su departamento de Puerto Madero en 2015. En este contexto, la fiscalía federal, liderada por Eduardo Taiano, presentó un informe que reafirma la hipótesis de homicidio y detalla irregularidades desde los primeros momentos de la investigación.

Nisman murió cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los responsables del atentado a la AMIA. Según la fiscalía, su muerte fue un homicidio cometido por al menos dos personas, quienes habrían ingresado al departamento, reducido al fiscal, puesto de rodillas y disparado en su cabeza para simular un suicidio.

"Todo indica que no actuó solo el entorno inmediato, sino que hubo coordinación externa", detalló un informe.

El informe de Taiano señala graves irregularidades en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman. A pesar de la sensibilidad de su cargo, la custodia del fiscal fue retirada por más de 12 horas entre el 14 y el 16 de enero, justo después de haber denunciado a funcionarios del gobierno por encubrimiento.

Además, un incendio en la Casa Rosada, ocurrido en ese mismo período, habría destruido registros clave relacionados con las reuniones investigadas por Nisman.

Tras el hallazgo del cuerpo, se documentó la manipulación de la escena del crimen: más de 80 personas ingresaron al departamento sin tomar las precauciones necesarias. Entre ellos, se encontraban agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), lo que aumentó las sospechas sobre el posible rol de los servicios de inteligencia en el caso.

Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman, también ocupa un lugar central en el informe. Fue quien entregó el arma con la que se produjo el disparo fatal. Sin embargo, la fiscalía sostiene que Nisman no empuñó el arma y que otras personas ejecutaron el crimen.

Además, se detectaron vínculos entre Lagomarsino y los servicios de inteligencia, un dato que complejiza aún más el caso.

El informe también recopila amenazas previas a la muerte de Nisman, muchas con contenido antisemita. Estas amenazas se extendieron a su familia, incrementando la presión sobre el fiscal. Asimismo, se detectaron actividades telefónicas inusuales vinculadas con la AFI en los días previos al crimen, reforzando la posibilidad de una conexión con los servicios de inteligencia.