En momentos en los que se produce una disputa judicial por la competencia de la causa, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, avanzó en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei. Ordenó reconstruir los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al criptoactivo, con el objetivo de determinar el destino de las millonarias sumas acumuladas y, en lo posible, congelar los fondos para proceder a su recuperación.

Arroyo Salgado dispuso el monitoreo en tiempo real de las billeteras virtuales vinculadas al caso, incluidas las de los miembros del equipo que creó $LIBRA –entre ellos, el estadounidense Hayden Davis– y de las que habrían actuado con información privilegiada.

La encargada de supervisar los movimientos financieros y reportar de inmediato si parte de los fondos llegan a plataformas de compra y venta de criptoactivos que permitan congelarlos, será la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. La medida apunta a ‘proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas’, se menciona en la resolución judicial.

Las maniobras investigadas se centran en tres fechas clave: el 14 de febrero, día del lanzamiento del token; el 15 de febrero, cuando se anunció una inyección de fondos que nunca ocurrió; y el 17 de febrero, cuando un reposteo del presidente volvió a disparar su cotización.

Las confirmaciones y las medidas de Arroyo Salgado

La jueza solicitó información a la Casa Militar para confirmar si el presidente Milei se encontraba en la Quinta de Olivos durante las publicaciones en X, lo que permitiría reforzar su competencia en la causa. Ya se confirmó que estuvo en esa residencia oficial el 14 y el 15 de febrero, y ahora se busca verificar su ubicación el día 17.

También se solicitó a la plataforma X que informe desde qué dirección IP se realizaron los posteos presidenciales y si fueron eliminados. La jueza consultó al fiscal federal Eduardo Taiano para saber si también incluyó en su investigación lo ocurrido el 15 y el 17 de febrero, momentos posteriores al lanzamiento de la criptomoneda, cuando algunos de los principales impulsores del proyecto intentaron despegarse del mismo y eliminar rastros de su participación.

El proceso busca establecer si existió un hecho delictivo y determinar si las conductas individuales de los implicados constituyeron un aporte a una maniobra fraudulenta. También debe evaluarse si esas conductas que se realizaron fueron con conocimiento y voluntad de violar la ley y si existió un acuerdo de voluntades entre los participantes.

Entre los imputados en la causa figuran el presidente Javier Milei; los empresarios Hayden Davis y Julian Peh; el escritor Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.