Este martes, el Ministerio de Desregularización dio a conocer la Ley Hojarasca y envió al Congreso dos proyectos adicionales que proponen importantes modificaciones. Uno de ellos plantea cambios en la ley de divorcio, mientras que el otro introduce un proceso de modernización judicial que afectará los depósitos y bienes incautados. Las iniciativas, encabezadas por el ministro Federico Sturzenegger, buscan revisar normas vigentes y avanzar hacia una mayor eficiencia administrativa.  

El proyecto más controvertido se refiere a la posibilidad de permitir que los divorcios puedan ser tramitados en sede administrativa, es decir, directamente en los registros civiles, sin necesidad de intervención judicial. Esta medida equipararía los efectos legales de los divorcios administrativos con los divorcios judiciales tradicionales.  

En diálogo con Canal 13 de San Juan, el abogado y dirigente político del GEN, Marcelo Arancibia, expresó su preocupación por las implicancias de esta propuesta. Arancibia recordó que la última reforma del Código Civil en 2015 eliminó la necesidad de justificar el divorcio con causas objetivas o subjetivas:  “Ahora basta la voluntad de una de las partes para solicitar el divorcio. La intención es avanzar aún más, permitiendo que el divorcio se gestione como un simple trámite administrativo. Sin embargo, esto plantea interrogantes: ¿cómo se manejarán los casos con hijos menores o bienes en común? ¿Qué pasará con la liquidación de bienes, la cuota alimentaria y el régimen de comunicación entre los padres?”, cuestionó el abogado.  

Arancibia también explicó que avanzar con esta modificación requerirá cambios en el Código Civil argentino, ya que tanto el matrimonio como el divorcio están regulados por este cuerpo normativo. La discusión no solo abarca los aspectos legales, sino que también genera un debate sobre el impacto social y familiar de simplificar los procesos de separación.  

“Me parece que sería un error mezclar esta reforma con la derogación de normas obsoletas. Modificar la regulación familiar sin considerar las consecuencias podría traer más problemas que soluciones”, afirmó el abogado.  

Además de las reformas en la ley de divorcio, la Ley Hojarasca tiene como objetivo derogar cerca de 70 normativas vigentes desde la década de 1930, muchas de las cuales han quedado desactualizadas o ya no se aplican. Según explicó Arancibia, estas leyes abarcan desde privilegios de legisladores hasta regulaciones superadas por el avance tecnológico.  

Un ejemplo es la eliminación de la ley de 1975 que otorgaba estacionamiento gratuito para diputados y senadores en la zona del Congreso. “Aunque esta normativa ya no se aplica, es parte de los privilegios que deben ser eliminados”, comentó Arancibia. Asimismo, mencionó la propuesta de suprimir la ley que declara de interés nacional el desarrollo del carbón mineral, alineándose con las tendencias globales hacia el uso de energías limpias.  

El proyecto también contempla la eliminación de regulaciones que implican un costo innecesario para el Estado, como el financiamiento del Círculo de Legisladores Nacionales. "El mundo avanza hacia la descarbonización y la eficiencia administrativa, por lo que es razonable adaptar las leyes a las necesidades actuales", sostuvo el dirigente del GEN. Sin embargo, Arancibia advirtió sobre la peligrosidad de mezclar reformas del Código Civil con la derogación de normas desactualizadas, ya que podrían generarse conflictos y confusión en la implementación.  

El avance de estas propuestas en el Congreso será clave para definir si se logra un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos individuales y familiares.
 

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