Fuerte crítica a la ampliación del sistema acusatorio: "me parece inoportuno"
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas en San Juan habló del tema tras la obtención de la personería jurídica.
En una declaración contundente este viernes, el presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas de San Juan (ASAPSJ), Fernando Castro, expresó su firme oposición a la habilitación del sistema acusatorio en el contexto actual. Según sus palabras, considera que esta decisión responde a motivaciones políticas más que a una evaluación adecuada de las condiciones necesarias para su implementación.
"Deberíamos haber esperado un poco más para que estén dadas las condiciones tanto en el aspecto edilicio como en el de recursos humanos", señaló Castro, enfatizando la importancia de una planificación adecuada antes de implementar cambios de esta magnitud.
Además, el titular expresó su preocupación por la unidad conclusiva, la cual considera que se convertirá en un "residual" debido a la falta de casos nuevos que puedan nutrir su funcionamiento, ya que las otras competencias no operan bajo el sistema acusatorio. Esta situación, según advierte, provocará un aumento en la carga laboral del sistema acusatorio, lo que inevitablemente impactará negativamente en su funcionamiento tanto cuantitativa como cualitativamente.
El presidente de ASAPSJ también destacó las deficiencias existentes en cuanto a la infraestructura y agilidad del sistema judicial, señalando que el aumento de empleados no garantizará la comodidad ni la eficiencia necesarias para un desempeño óptimo.
En otro orden de ideas, celebró el reciente otorgamiento de la personería jurídica a la asociación, calificándolo como un gran logro que permitirá canalizar las inquietudes y necesidades de los abogados penalistas de la región.
"El relanzamiento de ASAPSJ nos llena de orgullo y representa un hito importante en el ámbito legal de la región", concluyó el presidente, resaltando el compromiso de la asociación con el mejoramiento continuo del sistema judicial y la defensa de los derechos de sus miembros y de la sociedad en su conjunto.